- Govern Salvador Illa cede ante Junts y ERC y releva al delegado de la Generalitat en Perpiñán que evitó usar la denominación "Cataluña Norte"
- Gobierno Junts amenaza a Pedro Sánchez con retirarle su apoyo si no cumple los acuerdos antes de junio
- Junts Carles Puigdemont da aire a Pedro Sánchez y retira la cuestión de confianza
La tregua concedida por Carles Puigdemont a Pedro Sánchez ya tiene fecha de caducidad, pese a las últimas cesiones socialistas. La relación entre Junts per Catalunya y el PSOE ha entrado en «una prórroga» de seis semanas. «Si antes del mes de junio no se han cumplido los acuerdos, no le vamos a seguir dando apoyo», advirtió ayer el secretario general de JxCat, Jordi Turull, al presidente del Gobierno sobre las carpetas abiertas en las negociaciones entre ambos partidos.
Dos son las cuestiones que ocupan las primeras líneas de la hoja de reclamaciones neoconvergente, la amnistía y la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Cuando se aproxima ya el primer aniversario de la aprobación de la ley del olvido penal en las Cortes Generales, Junts acusa al Ejecutivo de «estar blanqueando la prevaricación de algunos jueces». Unas palabras que llegan justo después de que, la semana pasada, la Sala de apelación del Tribunal Supremo avalara la decisión del juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, de no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación de caudales públicos por el que están procesados Puigdemont y sus ex consejeros Toni Comín y Lluís Puig.
Este paso deja ahora vía libre al ex presidente de la Generalitat para acudir al Tribunal Constitucional en amparo por vulneración de derechos fundamentales. La corte de garantías, además, se pronunciará en los próximos meses sobre la constitucionalidad de la norma que extingue las responsabilidades penales de los líderes del proceso soberanista. Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, dijo recientemente que la previsión del TC es resolver el primer recurso contra la ley antes del verano.
Pero Junts exige al PSOE que no se lave las manos dejando este asunto a merced de los tribunales, como creen que demuestran las palabras del portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, cuando asegura que los fallos judiciales que afectan a Puigdemont «no deberían complicar las negociaciones» entre su partido y JxCat porque la Cámara Baja «ya hizo su labor» aprobando la norma.
Los neoconvergentes echan en cara a Sánchez que no haya aplicado lo que denominan «amnistía política», es decir, un encuentro personal que escenifique la rehabilitación en términos políticos de su líder. Un reproche que hacen extensible al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha realizado dos viajes institucionales a Bruselas desde que fue investido el pasado mes agosto, pero ha evitado programar una reunión con quien fue jefe del Govern que organizó el referéndum del 1-O en 2017.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, eludió pronunciarse ayer sobre el nuevo ultimátum de Junts y se limitó a recordar las palabras de Sánchez a finales del año pasado: «Esa reunión llegará cuando tenga que llegar, dentro de la más absoluta normalidad».
Oficialidad del catalán
Precisamente en la capital belga se juega otra de las batallas que el partido independentista pone como condición para que sus siete diputados sigan sosteniendo al Gobierno. La oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias es uno de los compromisos asumidos por el PSOE en su pacto con Junts para que la presidencia de la Mesa del Congreso recayera en Francina Armengol tras las elecciones generales de julio de 2023. El propio Puigdemont ha elogiado varias veces la labor del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pero considera que esta cuestión se está dilatando en el tiempo sin un horizonte claro.
Con la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego se produce una situación similar a la de la amnistía, en la que la última palabra depende de terceros. Por el momento, el Gobierno exhibe ante Junts su logro más reciente. Las Escuelas Europeas, los centros de enseñanza destinados prioritariamente a hijos de funcionarios de las instituciones de la UE y la OTAN y de diplomáticos, incluirán la lengua catalana como asignatura optativa en su sistema y el salario de los profesores de esta materia será sufragado íntegramente por España.
Mientras Turull lanzaba su órdago a Sánchez, los socialistas hacían nuevos guiños hacia el independentismo. El Govern del PSC anunció el relevo de su delegado en Perpiñán (Francia), Christopher Person, señalado por JxCat y Esquerra Republicana por su renuncia a emplear la denominación «Cataluña Norte». Su sustituto es Albert Piñeira, ex alcalde de Puigcerdà (Girona) de CiU y Junts.
Y, al otro lado de la plaza Sant Jaume, los socialistas se abstuvieron en la votación del Ayuntamiento de una de las grandes exigencias del independentismo en Barcelona: la expulsión de la Policía Nacional de la Jefatura de Via Laietana.
La iniciativa salió adelante con el sí de Junts, ERC (el partido impulsor) y Barcelona en Comú, que sumaron mayoría, por lo que la abstención del PSC (solo PP y Vox votaron en contra) no tuvo efectos en la propuesta de los republicanos para instar al Gobierno a trasladar a los agentes al complejo policial de La Verneda.
"Estamos de acuerdo en que no es compatible ni tiene sentido que sea un centro de memoria y un espacio policial", admitió el concejal del PSC Xavier Marcé, que justificó la abstención de su grupo porque el traslado de los agentes "no es una competencia municipal" y "no puede hacerse de manera inmediata".